La Federación Vecinal argumenta que la iniciativa, lejos de agilizar la gestión, fomenta la especulación, vulnera la autonomía municipal y desatiende el derecho a una vivienda digna.
La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha solicitado formalmente la retirada inmediata del proyecto de decreto de la Aceleradora Urbanística de la Comunidad de Madrid, tras presentar ayer miércoles un extenso documento de alegaciones en el que critica sus «deficiencias estructurales de gran calado», su falta de justificación y su potencial para fomentar la especulación inmobiliaria.
La Federación, que agrupa a cientos de asociaciones de vecinos de la región, considera que este nuevo órgano colegiado, impulsado por el Gobierno regional para declarar estratégicos y acelerar proyectos urbanísticos, «consolida un modelo que no sirve para resolver el problema de acceso a la vivienda y merma la autonomía municipal».
Aunque la FRAVM comparte el diagnóstico inicial sobre la necesidad de agilizar la planificación territorial, rechaza la solución propuesta. El proyecto atribuye los retrasos principalmente a la emisión de informes sectoriales, pero, según los vecinos, lo hace «sin un análisis suficiente de las causas reales». La federación argumenta que la verdadera agilización pasaría por «reforzar los servicios técnicos existentes con medios humanos y materiales adecuados», en lugar de crear una nueva estructura que, lejos de simplificar, «puede introducir nuevos niveles de decisión y generar complejidad adicional».
Inseguridad jurídica y opacidad
En sus alegaciones, la FRAVM desgrana los puntos que, a su juicio, hacen inviable el decreto. Denuncia que el texto contiene «múltiples indefiniciones y lagunas» que generan «inseguridad jurídica, riesgos de arbitrariedad y un debilitamiento de las garantías de participación ciudadana y transparencia administrativa».
Critica especialmente que la iniciativa «introduce mecanismos de concentración competencial y de opacidad que desnaturalizan la autonomía municipal y subordinan la ordenación urbanística a intereses inversores particulares, sin atender a su función social ni al derecho constitucional a una vivienda digna».
Plazo de alegaciones «inadmisible»
Otro de los puntos fuertes de la crítica es el «plazo insuficiente e inadmisible» de información pública, abierto durante el mes de agosto. La FRAVM alega que un período de solo 15 días hábiles en un mes tradicionalmente vacacional «dificulta gravemente el acceso efectivo a la información y la preparación de alegaciones fundamentadas», lo que vulnera los principios de participación pública efectiva recogidos en el Convenio de Aarhus. Por ello, solicita formalmente una ampliación de este plazo.
Defectos formales y vulneración competencial
El análisis de la federación detalla una larga lista de «errores formales», como la indeterminación de conceptos clave como «tramitación preferente», la falta de regulación sobre la composición de la Unidad Técnica de apoyo y la ausencia de garantías de transparencia, ya que el decreto «no contempla la publicación de actas o acuerdos» de la Aceleradora.
Asimismo, la FRAVM considera que el sistema de tramitación centralizada de informes que propone el proyecto «excede el marco competencial y vulnera la autonomía local», al atribuir a la administración regional funciones que corresponden a los ayuntamientos en la fase de tramitación de sus planes urbanísticos.
Conclusión: retirada o modificación
Por todos estos motivos, la FRAVM solicita expresamente que el proyecto de decreto «sea retirado y no continúe su tramitación», para evitar la aprobación de una norma que, en su redacción actual, «compromete gravemente la seguridad jurídica, la distribución constitucional de competencias y los principios de necesidad, proporcionalidad, transparencia y participación pública».
En caso de que no se atienda esta petición principal, la federación insta a una modificación profunda del texto que reconduzca la figura a un papel estrictamente coordinador y de apoyo a los municipios, con una composición que incluya una representación municipal permanente y garantías efectivas de participación ciudadana y transparencia.
